El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días el estado de excepción en siete provincias y dos cantones del país, argumentando que persiste el conflicto armado interno y la amenaza de grupos de delincuencia organizada. La medida fue oficializada mediante un nuevo decreto ejecutivo emitido en junio de 2026.
Provincias y cantones incluidos
La renovación del estado de excepción abarca las provincias de:
Guayas
Los Ríos
Manabí
Santa Elena
El Oro
Orellana
Sucumbíos
Además, la medida se aplica en los cantones:
Quito
Camilo Ponce Enríquez
Según el Gobierno, estas jurisdicciones concentran una parte importante de los hechos violentos vinculados al crimen organizado, narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.
Se mantienen restricciones
El decreto contempla la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad interna junto a la Policía Nacional. También mantiene la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las zonas comprendidas por la medida, con el objetivo de facilitar operaciones contra estructuras criminales.
No obstante, el Gobierno no dispuso un toque de queda generalizado como ocurrió en anteriores estados de excepción.
Gobierno argumenta persistencia de la amenaza
El Ejecutivo sostiene que los grupos de delincuencia organizada continúan representando una amenaza para la seguridad nacional y que los indicadores de violencia en varias provincias justifican la continuidad de medidas extraordinarias. El decreto cita ataques armados, homicidios, secuestros y extorsiones como parte de los factores que motivan la renovación.
Corte Constitucional deberá revisarlo
Como ocurre con todos los estados de excepción, el decreto será remitido a la Corte Constitucional del Ecuador para que evalúe su constitucionalidad y determine si las medidas adoptadas cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.
La renovación constituye una nueva fase de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno desde la declaratoria de conflicto armado interno, en medio de los esfuerzos oficiales por contener la violencia asociada al crimen organizado en distintas regiones del país.
