Jueza niega pedido de Aquiles Álvarez para retirar el grillete electrónico en el caso Goleada
La justicia rechazó el pedido presentado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para retirar el grillete electrónico que cumple como medida cautelar dentro del denominado caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada por una jueza de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Álvarez había solicitado la sustitución del dispositivo de vigilancia por una caución económica (fianza), argumentando que el grillete afectaba sus actividades como autoridad municipal y vulneraba algunos de sus derechos. Sin embargo, la magistrada concluyó que no existían elementos suficientes para modificar la medida cautelar impuesta durante el proceso.
Hábeas corpus también fue rechazado
La defensa del alcalde también impulsó una acción de hábeas corpus para cuestionar el uso del dispositivo electrónico, pero el recurso fue negado por la justicia. Con ello, Álvarez deberá continuar portando el grillete mientras avanzan las investigaciones y las etapas judiciales del caso.
La jueza señaló que la medida busca garantizar la comparecencia del procesado y que no se evidenció una afectación desproporcionada que justifique su eliminación.
Investigación por presunto lavado de activos
El caso Goleada investiga una presunta estructura de lavado de activos relacionada con empresas y personas del entorno familiar y empresarial del alcalde guayaquileño. La Fiscalía sostiene que existirían movimientos financieros y operaciones comerciales que requieren ser esclarecidos para determinar el origen de determinados recursos económicos.
Álvarez ha rechazado las acusaciones y asegura que el proceso responde a una persecución política. Su defensa sostiene que las actividades investigadas corresponden a operaciones empresariales legales y debidamente registradas.
También enfrenta el juicio del caso Triple A
La decisión judicial se produce mientras el alcalde continúa vinculado al caso Triple A, donde la Fiscalía investiga una presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados. En ese proceso, el Ministerio Público ha presentado testimonios de cooperadores eficaces y documentación financiera para sustentar su acusación.
Con la resolución más reciente, Aquiles Álvarez mantendrá las medidas cautelares vigentes mientras continúan desarrollándose las investigaciones y audiencias relacionadas con ambos procesos judiciales.
