El presidente Daniel Noboa modificó la estrategia jurídica que ha utilizado desde 2024 para enfrentar la crisis de seguridad y separó la declaratoria de conflicto armado interno de los estados de excepción, mediante el Decreto Ejecutivo 424. La decisión podría limitar el control automático que ejercía la Corte Constitucional del Ecuador sobre estas medidas.
Un cambio tras los reveses en la Corte
Desde enero de 2024, el Gobierno vinculó el conflicto armado interno con los estados de excepción para justificar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Sin embargo, la Corte Constitucional cuestionó reiteradamente esa figura al considerar que el Ejecutivo no demostró que las organizaciones criminales cumplieran los requisitos exigidos por el derecho internacional humanitario para configurar un conflicto armado no internacional.
Ante esos fallos, Noboa optó por emitir un decreto independiente que reconoce nuevamente la existencia de un conflicto armado interno, sin ligarlo directamente al estado de excepción decretado días antes.
¿Puede intervenir la Corte Constitucional?
Juristas consultados por Primicias sostienen que, al tratarse de un decreto ordinario y no de un estado de excepción, la Corte Constitucional ya no tendría un mecanismo de revisión automática. Para que el organismo se pronuncie, primero debería presentarse una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto.
El exjuez constitucional Agustín Grijalva explicó que el Decreto 424 se encuentra plenamente vigente mientras no exista una resolución judicial que disponga lo contrario.
Indultos, amnistías y cooperación internacional
El nuevo decreto contempla la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones relacionadas con el conflicto armado interno. Además, exhorta a la Asamblea Nacional a otorgar amnistías en los casos que correspondan.
La norma también establece que personal extranjero de países cooperantes podrá participar en operaciones de apoyo y gozará de las inmunidades previstas en los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador. Noboa aseguró que fuerzas de países aliados podrán desplegarse en las provincias más afectadas por la violencia para colaborar con el bloque de seguridad.
Debate jurídico y político
La nueva declaratoria reabre el debate sobre los límites constitucionales de la estrategia de seguridad del Gobierno. Mientras el Ejecutivo sostiene que el país enfrenta una amenaza extraordinaria del crimen organizado, sectores jurídicos advierten que la figura podría volver a ser cuestionada ante la Corte Constitucional por las mismas razones que motivaron objeciones anteriores.
El decreto llega en medio de una nueva renovación del estado de excepción y de una escalada de violencia que mantiene a la seguridad como uno de los principales desafíos del segundo mandato de Daniel Noboa.
